Acción de grupo señala que hubo ‘enriquecimiento injusto’ del IDU en el recaudo por valorización.

El juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá acaba de admitir una acción de grupo que pretende que los bogotanos que han pagado para que se hagan las obras de valorización de Bogotá sean indemnizados.

Según la demanda, conocida por ELTIEMPO.COM, hubo negligencia del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debido a los retrasos en las obras. Alega, también, que no hubo eficiencia en la administración de recursos para llevar a cabo dichas construcciones.

En la acción, interpuesta por el abogado Dionisio Araújo, se afirma que, a junio del 2010, el Distrito había recaudado 550.503 millones de pesos de 1’143,590 propietarios de predios afectadoscon la valorización que habían pagado parcial o totalmente sus obligaciones.

La demanda llama la atención en que al 31 de mayo del 2010 al menos 80 mil millones de pesos de estos recursos se habían quedado en cuentas bancarias «en vez de haber sido invertidos en la ejecución de las obras por las que los ciudadanos pagaron».

«La administración mantuvo tales dineros en cuentas bancarias por más de dos años sin invertirlos en las obras, privando a los particulares de los rendimientos financieros y de las obras que debían ejecutarse, y privándolos de la valorización consecuencia de las obras inconclusas», señala la acción.

Mediante Acuerdo 180 de 2005, el Concejo de Bogotá autorizó el cobro de contribución de valorización por beneficio local para un conjunto de obras de los sistemas de movilidad y espacio público, contemplando su ejecución en cuatro grupos y su cobro en cuatro  fases.

Algunas de estas obras quedaron en manos de contratistas que hoy están siendo procesados por el llamado ‘carrusel de la contratación’, lo que perjudicó la entrega a tiempo y en buen estado de algunas de las construcciones.

Dionisio Araújo Angulo, el ciudadano que indignado demandó las pensiones millonarias para congresistas y magistrados, consideró una victoria nacional muy importante la decisión de la Corte Constitucional que las tumbó. Relató que intentó en dos oportunidades acabar con ese beneficio que calificó de injusto, y “la segunda fue la vencida”. En la primera oportunidad no le aceptaron su demanda porque la consideraron mal estructurada. Este hecho lo molestó más, porque sabía que esa no era la verdadera razón por la que no había interés de tramitarla. El abogado y consultor cuenta a KienyKe como empezó esta exigencia que provocó revuelo en el país y ahora pone fin a mesadas pensionales millonarias, que en muchos casos no eran merecidas por los jubilados.

¿Esperaba que, luego de dos intentos, la  Corte Constitucional decidiera su demanda y tumbara el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que permit%C